No menos del 60 a 70% de la tala en los bosques de la Amazonía en el Perú es ilegal, manifestó Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP).
El experto dijo que en la región San Martín el 30% de sus bosques están gravemente deforestados, mientras que en Loreto el 80% no están deforestados pero si descremados, es decir expoliados de sus maderas más preciosas (cedro, caoba, etc.) en tanto el siete a ocho por ciento definitivamente han sido devastados.
En comparación con Chile que tiene escasos recursos madereros y que sin embargo comercializa cientos de millones de dólares anuales en esa industria, nuestro país que tiene enormes bosques paradójicamente esta actividad económica o es muy pequeña o es informal.
Al respecto, Campos Baca dijo que el despegue de esa industria es posible si la empresa privada en alianza con las comunidades de las áreas madereras implementa maqui centros para el abastecimiento de muebles finos, artesanías y sobre todo de piezas estandarizadas para la construcción de casas (puertas, ventanas, etc.) que pueden tener gran demanda en los programas de vivienda que funcionan exitosamente en el país.
El presidente del IIAP, en contraposición al discurso de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), subrayó que es necesario el uso y explotación de los recursos naturales en la Amazonía como única fórmula para garantizar el desarrollo de los pueblos amazónicos, siempre en un marco de responsabilidad social y ecológica.
En ese sentido subrayó que si no se promueve la inclusión social en la explotación maderera, las comunidades seguirán apoyando la tala ilegal.
Campos Baca ponderó la ley forestal y de fauna silvestre, promulgado en el 2000, sin embargo dijo que las actividades forestales formales en Loreto hoy se hallan casi paralizadas porque que los tratados de libre comercio (firmados por nuestro país con EE.UU., la Unión Europea, etc.) tomó por sorpresa a la comunidad empresarial ya que ahora se exige con rigor las certificaciones de los productos, la aplicación de planes racionales de manejo medio ambiental, así como la inclusión de las comunidades nativas y pequeños extractores en los procesos productivos.
A esto se suma que para la aplicación efectiva de la ley se ha puesto en marcha un órgano de fiscalización efectiva que está monitoreando unos 400 planes de concesión forestal que son señalados, dijo, como “sospechosos” por las autoridades competentes.
En otro momento, el especialista dijo que la falta de comunicación permite la recreación del escepticismo y el desconocimiento en las comunidades amazónicas que generan subsecuentes conflictos, como lo acontecido en Bagua en junio pasado.
Respecto a los conflictos sociales referidos a las inversiones mineras y energéticas, Campos Baca señaló que el problema nace de los graves pasivos ambientales que ha dejado la antigua minería y que en gran parte es responsabilidad del Estado, en ese contexto, recordó que antes de 1994 no existía la obligación de las empresas mineras de presentar un estudio de impacto ambiental a las autoridades para poner en marcha la explotación de un yacimiento.
Cabe indicar que una de las tareas más importantes del IIAP es la zonificación ecológica y económica de la Amazonía, tarea que el Estado no ha abordado.
El instituto además trabaja en coordinación con numerosas comunidades amazónicas para la explotación racional y sostenible de los recursos madereros y de otros tipos en la región.
Fuente: Cajamarca Opina
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