Una rápida proliferación de concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas sin precedentes amenaza la Amazonia peruana. La cantidad de superficie bajo concesión va camino de cubrir el 70% de la región, amenazando la biodiversidad y las poblaciones indígenas de la región.
Esta es una de las principales conclusiones a que han llegado dos investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la ONG Save America’s Forests, con sede en Washington DC, que han documentado por primera vez toda la historia de actividades hidrocarburíferas de la región y han realizado proyecciones de futuro para los próximos cinco años.
La investigación ha sido realizada por Martí Orta y Matt Finer, investigadores del ICTA y Save America’s Forests, repectivamente, y publicada en “Environmental Reserach Letters”. Los investigadores han encontrado que recientemente se ha otorgado en concesión a compañías de petróleo y gas natural más Amazonia peruana que en ningún otro momento. En la actualidad hay 52 concesiones de hidrocarburos activas, que cubren más del 41% de la región, frente al 7% que lo hacía el año 2003. Los autores alertan de que en la actualidad la región se encuentra en las etapas iniciales de un segundo “boom” de exploración de hidrocarburos y que la superficie de concesiones va camino de cubrir el 70% de la región.
Los datos recogidos revelan una extensa historia hidrocarburífera en una de las selvas tropicales más grandes del mundo: más de 100.000 Km de líneas sísmicas y cerca de 700 pozos que han producido unos 1.000 millones de barriles de petróleo en los últimos 70 años en la Amazonia del Perú, el segundo país en extensión amazónica tras Brasil. El primer momento álgido de las exploraciones de hidrocarburos tuvo lugar a principios y mediados de la década de 1970, procediéndose posteriormente a su explotación, entre finales de los 70 y principios de los 80.
Los autores han descubierto también tendencias interesantes, como que ha habido una disminución constante en la producción de petróleo de la Amazonia desde el punto máximo, alcanzado a principios de los 80. En cambio, la producción de gas natural se ha disparado desde 2004, con el inicio de la producción en el proyecto Camisea. 2009 fue el año de menos producción de petróleo en 30 años, pero el sexto consecutivo de un rápido incremento de la producción de gas natural.
La mayor parte de las concesiones se superponen a zonas sensibles, como áreas naturales protegidas por el estado peruano y territorios oficialmente reconocidos de los pueblos indígenas. En concreto, una quinta parte de las áreas protegidas y más de la mitad de todas las tierras indígenas tituladas de la Amazonia peruana están cubiertas por concesiones de hidrocarburos. Y lo más preocupante, según los investigadores, es que las concesiones cubren también más del 60% de la zona propuesta como reserva territorial para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Los autores subrayan que uno de los aspectos más preocupantes es la expansión de la frontera hidrocarburífera, que hace que las últimas regiones remotas y vírgenes de selva tropical que hay en la Amazonia estén ahora al alcance de las compañías de gas y petróleo.
Como ejemplo, los investigadores mencionan el Bloque 67, operado por Perenco y sito en uno de los rincones con más biodiversidad de la Amazonia, sobre más de 300 millones de barriles de reservas probables de petróleo. Su desarrollo para la extracción de hidrocarburos ya está programado. Este bloque se solapa también con una reserva territorial propuesta para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Lo mismo sucede con el vecino bloque 39, cedido en concesión a Repsol-YPF, que, aun encontrándose todavía en fase de exploración, afecta a la misma área y al mismo territorio indígena.
El primer “boom” de los años 70 tuvo graves impactos ambientales y sociales y, según los investigadores, todo parece indicar que el segundo también los comportará. De hecho, el año 2009 ya se produjeron trágicos enfrentamientos entre manifestantes indígenas y fuerzas gubernamentales en la localidad de Bagua, debidos, en gran parte, a los esfuerzos del gobierno por otorgar concesiones o vender las tierras indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
Los autores creen necesario un debate político riguroso, que incluya un análisis más exhaustivo de los impactos medioambientales y sociales de la actividad hidrocarburíferas en la región, con soluciones para evitarlos o al menos minimizarlos de manera efectiva. Como ejemplo, mencionan la innovadora Iniciativa Yasuní-ITT de Ecuador, que espera contribuciones internacionales como contrapartidas para no explotar los ricos campos de petróleo del ITT que se encuentran en el inmenso y diverso parque nacional amazónico. Teniendo en cuenta que el Bloque 67 se encuentra justo al otro lado de la frontera del ITT, los investigadores concluyen sugiriendo utilizar una estrategia similar en Perú.
Para hacer la investigación, los investigadores han recopilado documentación oficial de las diferentes entidades responsables a lo largo de la historia petrolera peruana. Han analizado los datos oficiales del gobierno peruano y las empresas energéticas estatales Petroperú y Perupetro, con respecto a contratos, pruebas sísmicas, perforación de pozos y explotación de petróleo y gas natural en la región durante los últimos 40 años. La información de las actividades previas a 1970, en qué sólo hubieron dos concesiones petroleras en explotación, han sido reconstruidas a partir de datos presentes en estos documentos.
El impacto en las poblaciones indígenas y en la biodiversidad ha sido analizado mediante Sistemas de Información Geográfica, para el cálculo de superposiciones entre las actividades de hidrocarburos y las diferentes categorías de usos del suelo: áreas naturales protegidas, territorios indígenas titulados y reservas territoriales de los pueblos en aislamiento voluntario.
Fuente: Ecoticias
